Tres años después, y tras levantarse las restricciones por la pandemia, el Congreso de los Diputados volverá a vestirse de gala para celebrar un acto institucional por el Día de la Constitución como los de antes. El evento comenzará a las 12.30 y contará con la presencia de las principales autoridades de los tres poderes del Estado, con las habituales ausencias -que dicen tanto o más que las presencias- y con un espacio posterior a los discursos para que periodistas y líderes políticos departan en corrillos. 

No obstante, desde 2019 hasta ahora el ambiente se ha enrarecido mucho en la Cámara Baja, que albergará una conmemoración de la Carta Magna en mitad de una atmósfera viciada por los insultos y las salidas de tono de las últimas semanas. Vox, principal protagonista de la última oleada de improperios a raíz de sus insultos a la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha decidido no acudir por primera vez al acto para no compartir espacio con quienes "se ciscan" en la Constitución, tal y como planteó este lunes el portavoz Jorge Buxadé. En esta categoría Vox incluye todo lo que tenga aroma a izquierda o a nacionalista periférico: PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y todos aquellos que no comparten "un sentimiento más potente, más espiritual, que es el de ser español".

Lo cierto, no obstante, es que de todos esos partidos únicamente estarán presentes en el acto los que componen el Gobierno. Sus principales aliados parlamentarios volverán a faltar al evento, unas ausencias que ya son habituales y que se suman a las también confirmadas de Junts, el PDeCaT, la CUP, Compromís o el BNG. De entre los habituales socios del Ejecutivo, solo tienen previsto acudir Más País, el PRC y Teruel Existe. El PP, por su parte, estará representado por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, invitado en calidad de líder de la oposición pese a no ser diputado ni representar a ninguna alta institución del Estado.

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En teoría, la celebración de la Constitución se trata de un acto no partidista, aunque tiene un marcado carácter político. Pero la conmemoración de este año estará muy marcada por la cercanía cada vez mayor del ciclo electoral de 2023 y por la acumulación de crisis en los tres poderes del Estado. La que ha estallado en el Legislativo es la última, aunque el mal ambiente en el Congreso no viene de ahora: desde el principio de la legislatura e incluso desde antes, las palabras gruesas y la tensión han presidido las sesiones incluso llegando al insulto personal, como cuando el diputado de Vox José María Sánchez gritó "bruja" a la parlamentaria socialista Laura Berja cuando estaba en el estrado.

No obstante, aunque no empezara este mes, lo cierto es que en las últimas semanas el tono se ha elevado tanto en la Cámara Baja que la presidenta, Meritxell Batet, se ha visto obligada a tomar cartas en el asunto. Lo ha hecho, eso sí, tras la tibia reacción de la Presidencia hace unos días, cuando Vox aseguró que el "único mérito" de la ministra de Igualdad, Irene Montero, es haber "estudiado en profundidad a Pablo Iglesias". Y su reacción ha sido muy controvertida, ya que ha decidido mostrarse inflexible con cualquier calificativo que considere ofensivo, sea una alusión personal o una calificación política, y ha prohibido tildar al partido que lidera Santiago Abascal de "fascista".

Choques en el ejecutivo, crisis en el judicial

Pero no solo hay problemas en el seno del Legislativo. El Poder Judicial también se encuentra inmerso en una crisis porque el pasado domingo se cumplieron nada menos que cuatro años desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pasó a estar en funciones y con su renovación paralizada por la negativa del PP a aprobarla, algo que afeó este lunes el Consejo de Europa en un informe en el que calificó de "crítica" la situación del órgano de gobierno de los jueces. De hecho, tras la dimisión de Carlos Lesmes, el presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo -que asistirá este martes al acto institucional en el Congreso-, no comanda el Tribunal Supremo.

El órgano, además, ha mantenido durante la legislatura serias diferencias con el Gobierno. El último episodio de las mismas se produjo hace apenas unas semanas, cuando el CGPJ publicó un comunicado en el que cargó contra Irene Montero por sus "intolerables ataques" a los magistrados a raíz de las primeras -y minoritarias- resoluciones judiciales tras la aprobación de la ley del 'solo sí es sí' que redujeron la condena a varios agresores sexuales. La protesta se produjo después de que Montero asegurase que esos jueces "no están aplicando" la norma y afirmara que "los estereotipos y el machismo pueden comprometer la imparcialidad e integridad de los sistemas de justicia".

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Ni siquiera el propio Ejecutivo, en su seno, tiene las aguas en calma, y uno de los últimos choques también ha tenido a Montero como protagonista. El PSOE salió a defender a la titular de Igualdad unánimemente cuando fue insultada por Vox en el Congreso, pero la semana pasada los socialistas torcieron el gesto cuando la dirigente acusó al PP de fomentar la "cultura de la violación". Pese a tratarse de un concepto teórico, la alusión indignó a la bancada popular y tampoco gustó especialmente a la del PSOE, cuyo portavoz, Patxi López, aseguró que no le parecían "las mejores palabras". "Precisamente ella, que ha vivido esa agresividad verbal, no debería jugar con esto", espetó.

Sin embargo, las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos no son solo de tono, y en particular los socialistas han dejado ver en toda su dimensión las discrepancias que mantienen con Igualdad en varios asuntos, como el proyecto de ley trans que se está tramitando en el Congreso. Los socios de coalición han decidido darse unos días más para intentar pactar un texto conjunto que evite que esta norma corra serio riesgo de ser derribada, aunque entre ellos no hay aún acuerdo en torno a los asuntos que más polémica generan: el que atañe a los menores de edad, a la irreversibilidad del cambio registral de sexo y a la violencia intragénero. Los tres, surgidos de las enmiendas del PSOE que reabrieron una brecha entre los socios de Gobierno.